Año XLI - Edición Nº 8.409

Miércoles 11 de abril de 2018

Libro revela cómo afectan los costos del crimen y la violencia al bienestar en América Latina y el Caribe

Fecha de Publicación: Lun, 11/09/2015 - 09:23

La obra es la primera en su tipo y compara los casos de Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Uruguay, y sus resultados dan cuenta que la delincuencia se ha transformado en la principal preocupación de la sociedad producto de su alza; no obstante, esto no está acompañado de una inversión que permita comprender este problema y desarrollar mejores estrategias de contención del delito. Así lo ratifica el Dr. Mauricio Olavarría-Gambi, investigador de la FAHU de nuestro Plantel, uno de los autores de “Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe”.

Uno de los autores de la obra es el Dr. Mauricio Olavarría-Gambi, investigador de la FAHU de nuestro Plantel.

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Comunicaciones Vridei

“Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe” corresponde al primer estudio en su tipo, donde se comparan los casos de Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Uruguay, y sus resultados dan cuenta de que la delincuencia se ha transformado en la principal preocupación de la sociedad producto de su alza constante, no obstante, esto no está acompañado de una inversión que permita comprender este problema y desarrollar mejores estrategias de contención del delito.

América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, registrando un  33% de los homicidios de todo el orbe. La tasa de asesinatos es superior a 20 homicidios por cada 100 mil habitantes y presenta una ligera tendencia al ascenso, por lo que el problema del crimen en esta región es una preocupación constante para sus ciudadanos. En este contexto, cuatro especialistas en la materia desarrollaron esta acuciosa investigación que entrega importantes antecedentes de cómo este fenómeno afecta el bienestar de la población en diferentes ámbitos.

El crimen y el temor asociado a éste influyen en la conducta de las personas, limitan las decisiones de inversión de las empresas, minan la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública y distorsionan la asignación de recursos públicos y privados.

Ante este panorama, el Dr. Mauricio Olavarría-Gambi, investigador de la Facultad de Humanidades de la U. de Santiago de Chile y uno de los autores de la publicación, indica que en el caso de Chile, si se toman costos comparables con los otros países estudiados (Costa Rica, Honduras, Paraguay y Uruguay) el costo del delito, como proporción del PIB sería de 1,8%, el más bajo de los países analizados.

No obstante, si consideramos los otros ítems de costo en que había información para el caso chileno, pero no para los demás, el costo del crimen en Chile seria de 2,42% del PIB en 2010. Esta última cifra es más alta que la estimación que hizo el académico en un estudio con datos de 2002, que concluyó  que el costo del delito fue de 2,06% del Producto Interno Bruto.

Utilidad para los gobernantes

Esta investigación, según detalla el académico de la U. de Santiago, “provee información de alta utilidad para el gobierno, lo que les permitirá estimar la rentabilidad social de diversas alternativas de política pública orientadas a la reducción o contención del fenómeno delictual. El tema que se abre aquí es cuál es la mejor combinación entre políticas de prevención social y políticas de control del crimen”.

De esta forma, se podrían elaborar estrategias que permitan replicar casos exitosos como los de países europeos, Canadá y algunas ciudades de Estados Unidos, donde los niveles de delito son bajos. “Ellos han invertido mucho en investigación científica multidisciplinaria sobre este fenómeno, que luego han usado para el diseño de políticas públicas efectivas”, explica el académico.

En el estudio se habla de costos directos e indirectos del crimen, los que según comenta el Dr. Olavarría-Gambi serían igual de importantes, “pues muestran distintas dimensiones de los efectos negativos que genera la delincuencia sobre el bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, el gasto en alarmas que hacen los hogares para evitar ser victimizados es un costo indirecto, pues no es una consecuencia inmediata de haber sufrido un delito, pero es un monto de recursos que esos hogares deben destinar a ese propósito y que lo restan de destinarlo a otras fines que generan mayor disfrute y bienestar a los miembros del hogar, como esparcimiento, salud u otros”.

Si bien los resultados del país son los más bajos de la región en materia criminal, la población se siente insegura y estima que la delincuencia es el mayor problema del cual deben preocuparse las autoridades, según se puede revisar en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP).

De acuerdo al Dr. Olavarría-Gambi “en el caso de la percepción de delitos y temor a ser victimizado en Chile se ve un alza, pero los datos de la Encuesta Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) muestra una tendencia decreciente desde 2003, lo que plantea una paradoja. Datos de la encuesta de la Fundación Paz Ciudadana, sobre robo o intento de robo, muestran un alza en este tipo de delitos. Más allá del hecho que estas fuentes de información tengan diferencias metodológicas, la pregunta que naturalmente surge es si nuestras encuestas, particularmente la ENUSC, están recogiendo apropiadamente los datos reales sobre victimización”.

Por otra parte, los sistemas de estadísticas sobre la delincuencia no se planifican ni se gestionan de manera efectiva, además son utilizados para fines de manipulación política, al influenciar el contenido y el momento elegido para dar a conocer estadísticas sobre la delincuencia.

Sobre los autores

Esta investigación involucró a destacados investigadores, entre ellos Roberto Guerrero Compeán, quien es un profesional de la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es doctor en economía y cuenta con una maestría en desarrollo internacional del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Sus líneas de investigación son economía del crimen, reducción de la pobreza y evaluación de programas, con énfasis en América Latina.

Por su parte, Laura Jaitman, es coordinadora de la agenda de investigación de Seguridad Ciudadana y Justicia dentro de la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo. Es doctorada en economía de la University College de Londres (Reino Unido) y se especializa en economía del crimen, economía política y evaluación de políticas.

El Dr. Mauricio Olavarría-Gambi, es profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile; es doctor en políticas públicas por la Universidad de Maryland at Collage Park, (Estados Unidos). Sus investigaciones, publicaciones y docencia se concentran en políticas públicas, pobreza, desigualdad y criminalidad.

Rodrigo Soares es Ph.D. en economía de la University of Chicago y sus estudios se centra en la economía del desarrollo, abarcando temas de salud, capital humano y población, hasta corrupción, instituciones y crimen.

Los interesados en leer la publicación, pueden acceder a ella a través del siguiente enlace: https://publications.iadb.org/handle/11319/7246 .

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