Año XLI - Edición Nº 8.409

Miércoles 11 de abril de 2018

Actualidad

El experto en marketing de servicios y académico de la FAE, Dr. Enrique Marinao, critica que el ministro de Hacienda defienda la normativa y culpe sólo a las concesionarias de aprovecharse del sistema para subir los precios. A su juicio, el alza es consecuencia de que la disposición no distingue entre quienes ofrecen aparcamientos como negocio principal, y quienes lo realizan como complemento a sus servicios, en alusión a malls y clínicas.

El académico de nuestra Casa de Estudios, Guillermo Pattillo, sostiene que la paralización en la minera, que ya suma casi un mes, causará una caída del Imacec de febrero en torno al 1,1%. El economista explica que Escondida representa un 20% de la producción del cobre de Chile. “Si consideramos que la huelga está reduciendo a la mitad la producción mensual, calculamos una pérdida específica del 1% del PIB”.

El académico del IDEA, Dr. Cristián Parker, asegura que la manipulación de cuentas corrientes por parte de funcionarios policiales constituye un hecho grave, pues involucra a una de las pocas instituciones que aún gozaban de alta confiabilidad en la ciudadanía. Por lo mismo, afirma que la situación debe recibir una condena de parte del sistema político y que la corrupción debe ser abordada en el programa de todos los candidatos presidenciales.

“Los catalíticos representan entre un 60 y 70% del material particulado que aportan los vehículos” en el Gran Santiago, de allí que  los índices de contaminación no disminuirán si no se fiscaliza la nueva medida impulsada por el Gobierno. Así plantea el especialista en polución atmosférica y académico de nuestra Casa de Estudios, Dr. Ernesto Gramsch, ante las dificultades reconocidas por la administración Bachelet para inspeccionar a los infractores.

El especialista en transporte urbano, Rodrigo Martin, asegura que el Ministerio de Transportes sólo ha impulsado medidas desordenadas para combatir los altos  índices de no pago del servicio, y que “en ese estado de incertidumbre, el problema  aumentará”. Además, advierte que los niveles de evasión permitirán un mejor poder negociador de los privados para aumentar los subsidios que reciben del Estado, situación que encarecerá el servicio para los pasajeros.

El académico del Departamento de Ingeniería Geográfica de nuestra Casa de Estudios, Dr. Marcelo Caverlotti Silva, explica la necesidad urgente de instaurar una nueva institución que se haga cargo de las emergencias causadas por la naturaleza. A su juicio, esta entidad debe ser “especializada y centralizada con una importante preocupación por monitorear y predecir las catástrofes para minimizar la pérdida de vidas, fundamentalmente”. Según el ingeniero, esto se puede lograr con imágenes satelitales y equipos en terreno, pues está seguro que “hoy existe la tecnología para socializar una alerta prematura”.

Tras un estudio realizado por la Agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ) en Santiago (Chile), Chennai (India) y Durban (Sudáfrica), el académico del Departamento de Tecnologías Industriales y miembro del Smart City Lab de nuestra Universidad, Dr. Lucio Cañete Arratia, advierte que nuestro país debe destinar recursos para investigación con el fin de lograr mayor precisión ante la ocurrencia de eventos climáticos; en este sentido urge implementar políticas públicas para hacer frente de mejor manera a las catástrofes naturales.

El experto en marketing y académico de nuestra Casa de Estudios, Dr. Enrique Marinao, afirma que en la discusión de esta normativa solo primó “un criterio economicista, que buscaba rentabilidad por rentabilidad”. Por eso, es partidario de rehacer el cuerpo legislativo, regulando de manera separada a quienes ofrecen estacionamientos como negocio principal, en contraposición a malls o clínicas.

El Ingeniero Civil mención Hidráulica Sanitaria Ambiental y académico del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles, Carlos Reiher, asegura que la empresa Aguas Andinas, que dejó de entregar el servicio básico a más de 5 millones de personas en la Región Metropolitana, “tiene un funcionamiento ligado a sus utilidades”, por lo que la única manera de influir de manera eficaz sobre sus decisiones sería obligarla a considerar un alto castigo monetario en caso de no realizar urgentemente “inversiones adecuadas para cumplir con el servicio encargado”.

El presidente de la Junta Directiva de Amnistía Internacional Chile, Roberto Morales Farías, en declaraciones al programa Sin Tacos ni Corbata de radio U. de Santiago, criticó que en el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, aún en el Parlamento, se eliminara la disposición que prohíbe a los profesionales de la salud denunciar a las mujeres que se realizaron un aborto. “Lo que nos parece impresentable e indigno es que parlamentarios y parlamentarias todavía estén usando sus concepciones personales para construir políticas públicas. La construcción de políticas públicas son para todos los chilenos y chilenas, y no para un grupo de interés religioso político de otro tipo”, recalcó.

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