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El economista y académico de nuestra Universidad, Dr. Víctor Salas, afirma que la baja informada por Standard & Poor’s (S&P) en la clasificación de riesgo internacional de nuestro país se debe a que la agencia no observa señales que fomenten una mayor actividad económica en Chile. “El Estado debería preocuparse o, de lo contrario, mañana podrían volver a bajarnos la clasificación. Sería aún más riesgoso terminar creciendo al 1,8% el próximo año”, advierte.
El Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Dr. Humberto Verdejo, plantea que la interrupción masiva del suministro por la nevazón del sábado, deja al descubierto que la distribuidora no realizó una mantención adecuada del cableado; al mismo tiempo precisa que, no hay que olvidar que, los ediles que iniciaron campañas para denunciar a Enel, también son responsables de otorgar los permisos para construir el cableado eléctrico, por tanto, tienen la responsabilidad de fiscalizar que no existan puntos vulnerables.
El especialista en políticas públicas y académico de nuestra Universidad, Jorge Araya, estima inviable dividir el Servicio Nacional de Menores en dos instituciones -una para niños vulnerados y otra, para quienes han cometido delitos-; la razón es que equivaldría a destinar un fondo mayor a los más de 800 mil millones que costó la creación del Ministerio Público y la implementación de toda la Reforma Procesal Penal. Esto, debido a la gran cantidad de centros que contempla el servicio.
La especialista en seguridad ciudadana y académica de nuestra Universidad, Dra. Lucía Dammert, considera que los resultados arrojados por el instrumento del Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social (Coes), demuestran que “en Chile los niveles de fragmentación social, segregación socio territorial y desconfianza entre las personas van creciendo sostenidamente en el tiempo. Todos esos fenómenos aumentan la percepción de que hay que valerse por sí mismo”, advierte.
El especialista en modelos de pronóstico de contaminación ambiental y académico de nuestra Casa de Estudios, Dr. Patricio Pérez, alertó sobre las malas decisiones que ha tomado la autoridad ambiental en el último tiempo. “Deben aplicar un criterio cuando la polución es mucho más evidente; en este sentido hay que afinar los criterios técnicos que se están utilizando”, emplaza.
El investigador en movilidad social y académico de nuestra Universidad, Dr. Vicente Espinoza, sostiene que el enfoque gubernamental para enfrentar el problema no es el adecuado. Según el especialista, los campamentos suplen necesidades que el mercado inmobiliario no puede ofrecerles a los sectores más vulnerables, por lo que “no hay forma que desaparezcan completamente”.
El doctor en estudios americanos y académico de nuestra Casa de Estudios, Dr. Pablo Lacoste, afirma que los últimos hechos de violencia ocurridos en el parlamento venezolano son consecuencia del “discurso de odio” que ha construido el oficialismo hacia la oposición. Sin embargo, asegura que impedir que la actual administración finalice su mandato, por la situación de inestabilidad en el país, terminaría por victimizar a quienes hoy detentan el poder. “Al sufrir golpes de Estado, el peronismo, por ejemplo, terminaba yéndose como víctima, manteniendo vivo el mito”, remarca.
El especialista en salud pública y Director de la Escuela de Medicina de nuestra Corporación, Dr. Mauricio Osorio, reconoce que el 62% de incremento en implantes de órganos, en comparación a los primeros seis meses de 2016, es positivo. Sin embargo, hace hincapié en que las cifras siguen siendo bajas. Entre enero y junio, se realizaron 253 intervenciones. “Esto sólo constituye un aliciente para seguir trabajando”, recalca.
El especialista en transporte urbano y académico de nuestra Casa de Estudios, Rodrigo Martin, sostiene que el nuevo trazado, que ya comenzó sus operaciones de prueba, considera una serie de tecnologías para automatizar el servicio que no serán asimiladas tan fácilmente por la población. “Este sistema, tan automático e impecable, se va a topar con fenómenos de la cultura local”, afirma, en alusión a situaciones de emergencia que los pasajeros no están habituados a enfrentar.
La ex ministra de Salud y académica de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Casa de Estudios, Dra. Helia Molina, asegura que “quien efectúa un aborto es un médico y, como tal, lo lógico es que la objeción de conciencia la realice el ejecutor del acto quirúrgico. En todas partes funciona así”, remarca la especialista en salud pública, distanciándose de la indicación parlamentaria, que también pretende otorgarles esta posibilidad a enfermeros, matrones y arsenaleros.
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